Contra la Directiva de la Verguenza

La llamada "Directiva de la Vergüenza" permite que sea una autoridad administrativa, y no exclusivamente un juez, la que decida la detención de los inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros CIEs antes de proceder a expulsarlos, y establece también la detención de menores no acompañados.

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". (art.1)

"Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración".(art.31)

De esta manera inicia y concluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, auténtica proclamación del mínimo moral exigible a todos los habitantes del planeta y especialmente a sus gobernantes.En medio de su articulado se afirma: "Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país". (art.13.2)

Personas de diferentes convicciones y credos, nos negamos a dejar pisotear una declaración que consagra los esfuerzos más nobles de muchísimas generaciones de hombres y mujeres que, con sangre, sudor y lágrimas, tras siglos de luchas, lograron este marco jurídico. Su vigencia universal no pretende otra cosa que consagrar medios legítimos para satisfacer las necesidades básicas de todo ser humano. Ese es el único fin del Derecho, del buen Derecho, del que, a la sombra de la idea de la Justicia global, trata de asegurar materialmente el bien común de la entera familia humana más allá de consideraciones jurídico-administrativas.

Por consiguiente, nos oponemos a cualquier subterfugio que distancie la letra y el espíritu de la Declaración y que comprometa el contenido sustancial de los derechos humanos. Instamos al Gobierno español, en particular a los Ministros del Interior y de Justicia, y a los eurodiputados de todos los partidos que representan al Estado español, para que se manifiesten públicamente ya y, en su momento, voten en contra de una Directiva que, si bien no obliga a modificar la legislación nacional, baja desvergonzadamente los listones éticos de mínimos de una Europa que corre el riesgo de quedarse acartonada, autista y degradada moralmente, blindando sus fronteras y estableciendo diversas categorías de personas.

Igualmente, nos oponemos a cualquier forma de criminalización de la inmigración que pasa no sólo por tipificar como delito la inmigración ilegal (como la propuesta italiana), sino por consentir cualquier forma de discriminación, así como el hacinamiento, la desatención y el mal trato en los Centros de Internamiento de Extranjeros, muchas veces en condiciones de precariedad personal y jurídica aún peores que las que padecen las personas privadas de libertad en prisión.

El equipo de MINKA
Texto extraido de la Declaración de la Coordinadora de Barrios, Madres Unidas contra la Droga y Parroquia de San Carlos Borromeo